Seis policías, de los cuales cinco formaban parte del Grupo de Estupefacientes de Mérida, en España, serán procesados por organización criminal, omisión del deber, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, torturas y conspiración, entre otros ilícitos.
El juez que lleva el caso de la ‘Operación Minuro-Peces’ dictó el cierre de la instrucción para mandar al banquillo a seis agentes, así como a otras nueve personas ajenas al Cuerpo Nacional de Policía.
Para otros cuatro uniformados, que también llegaron a estar imputados, se decretó el archivo de las actuaciones.
Los delitos de los que se les acusa se habrían producido al menos desde 2018 y hasta septiembre de 2021, cuando ocurrió la detención de los presuntos implicados.
Robo y narcotráfico
Para el magistrado, el Grupo Antidroga actuaba como una organización criminal. El auto de procesamiento detalla innumerables ilícitos perpetrados durante el periodo investigado.
Según las indagatorias, los agentes se quedaban con dinero de los narcotraficantes en las ocasiones en que el secretario judicial no estaba presente en los registros, e incluso avisaban a los capos cuando otros agentes les investigaban.
Además, se les acusa de robar miles de euros en material para las plantaciones de marihuana, que entregaban a sus confidentes; de compartir los beneficios de esos cultivos con algunos traficantes; así como de provocar entregas de droga para sumar detenciones.
“Las operaciones policiales permitían que el traficante protegido realizara la actividad delictiva con la aquiescencia del grupo, al tiempo que le protegía frente a investigaciones de otros grupos de investigación”, dice el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
El juez sostiene que esa colaboración con los narcos dio pie “a otro tipo de de colaboración en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva, en concreto del cultivo de plantaciones de marihuana”.
El ‘Canario’ al frente de la trama
La brigada policial estaba liderada por el inspector Francisco Javier N., llamado ‘Rambo‘ por sus subordinados, si bien el director de la trama criminal era Javier G., alias ‘El Canario’, otro de los agentes del equipo, según las investigaciones.
Además de las otras actividades de las que acusa al conjunto de la Brigada policial, el magistrado atribuye al ‘Canario’ el delito de tráfico de cocaína, actividad que habría desarrollado junto a un narco al que facilitó la venta de la droga en la zona de Mérida, España.
Javier G. habría tenido amplio poder en el mundo del tráfico de drogas en la región, amparado por el uniforme policial, por lo que llegó a ofrecer a otros grupos criminales que se establecieran en la capital de Extremadura, con la promesa de facilitarles compradores para sus estupefacientes.
Iniciativa de asuntos internos
La investigación partió de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que en 2021 solicitó al juez la instalación de una cámara oculta en las instalaciones del Grupo de Estupefacientes, así como la intervención de los teléfonos de sus miembros, accediendo también a conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea, anteriores a la fecha de la autorización de los pinchazos.
En esos chats, los policías hablaban entre ellos abiertamente de sus delitos. De este modo, el cuerpo pudo tener constancia de diversos crímenes, como las torturas a un arrestado que había dicho que toda Mérida conocía el “negocio” de la Policía y otros casos de malos tratos.
