“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional“, afirmó el juez federal de distrito John Coughenour, quien ayer jueves 23 de enero del 2024 emitió una “restricción temporal” que impide que esa disposición entre en vigencia a nivel nacional al menos durante 14 días.
Una corte de justicia de Seattle (Washington, EE.UU.) bloqueó la orden ejecutiva, firmada el pasado lunes 20 de enero del 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, que pretende acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, informó el periódico Seattle Times.
“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional“, afirmó el juez federal de distrito John Coughenour, quien ayer jueves 23 de enero del 2024 emitió una “restricción temporal” que impide que esa disposición entre en vigencia a nivel nacional al menos durante 14 días.
John Coughenour, Donald Trump y Nick Brown
Su decisión judicial fue fruto de una demanda interpuesta el pasado martes 21 de enero del 2025 por el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, contra la resolución de la Administración Trump, por considerarla “antiestadounidense“, “cruel” y “contraria a los términos claros” de la Constitución, que reconoce como un derecho sagrado la ciudadanía por nacimiento.
“El presidente no tiene autoridad para enmendar la Constitución ni para reemplazar la concesión de ciudadanía”, manifestó.
Otros 18 estados del país, así como varios grupos de derechos de los inmigrantes, presentaron demandas similares esta semana para impugnar dicha orden. El juez Brown ha sido el primero en emitir un fallo.
La orden de Trump exige a las agencias federales negarse a conceder o reconocer la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en EE.UU. de madres que están en el país ilegalmente, e incluso los de aquellas con visado legal si el padre no es ciudadano estadounidense o no está registrado como residente permanente. Al respecto, Brown aseguró que a nivel nacional eso privará de la ciudadanía a unos 150.000 bebés al año, 4.000 de ellos en Washington.
Si bien ya antes de la promulgación de la orden se esperaba que enfrentaría desafíos legales, la nueva Administración, en documentos jurídicos, argumentó que los estados no tienen legitimidad para demandar contra ella, porque no son ellos los que perderán la ciudadanía. “Los hijos de extranjeros no residentes están sujetos a poderes extranjeros y, por lo tanto, no están sujetos a la jurisdicción de EE.UU. y no tienen derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Las únicas personas nacidas en país que no están amparadas por la jurisdicción nacional, y por tanto no pueden recibir la nacionalidad, son los hijos de diplomáticos y de efectivos de ejércitos extranjeros en guerra contra EE.UU. en suelo estadounidense, comentó al respecto el juez Brown.
