La Fiscalía General de la Nación (Colombia) acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal,
Una jueza de Colombia halló culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, en una investigación por manipulación de testigos, durante el histórico juicio contra el exmandatario en el país suramericano.
En la audiencia del denominado ‘juicio del siglo‘, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en decisión de primera instancia, consideró que el expresidente y líder del Centro Democrático, a través de emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la justicia adelanta en su contra. Asimismo, por manipular testigos para que vincularan al senador Iván Cepeda con hechos ilegales.
De acuerdo con el fallo, el exmandatario es culpable de ese delito de soborno en actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena trató de sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel ‘La Picota‘, y por otras presiones que recibió el testigo.
Aunque la defensa de Uribe intentó señalar que el delito fue cometido a sus espaldas y que Cadena actuó de manera voluntaria; la jueza determinó que el exmandatario sí conocía las acciones del abogado en las cárceles del país y que en medio del juicio quedó “suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal”.
El fallo —como se denomina a este tipo de decisión que determina la culpabilidad o inocencia del procesado— marca un hito en la historia de la justicia colombiana debido a que es la primera vez que un expresidente se enfrenta a una condena tras un juicio penal.
Una investigación entrampada por años
La Fiscalía General de la Nación (Colombia) acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014, el senador Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Colombia por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
Posteriormente, en 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo sino por la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía.
Aunque el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, finalmente, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.
La audiencia
Heredia, quien ha sido atacada fuertemente los medios que respaldan a Uribe, expresó al principio de la audiencia: “La Justicia no está al servicio de la prensa ni de la política, está al servicio del país“. Esta afirmación se contrapone a lo expresado por el exmandatario quien ha señalado en distintas oportunidades que existe una persecución política en su contra.
Durante la audiencia, Heredia afirmó que las afirmaciones hechas por Monsalve “no contienen situaciones difíciles de creer o que se adviertan falacias por provenir de privado de libertad”, por lo que la versión del llamado ‘testigo estrella’ con contra de Uribe, “merece credibilidad” puesto que ha sido sostenida, a pesar de las presiones, por 14 años.
La exeposa de Monsalve, Deyanira Gómez, y el abogado del senador Cepeda presentaron estas grabaciones a la Corte Suprema y ahí se inició el proceso.
¿Qué ocurrirá?
Hasta el momento, en esta larga querella judicial de más de una década, Cepeda fue declarado como víctima en 2024 por los daños causados durante el proceso y la afectación a su integridad como parlamentario al quererlo relacionan con hechos delictivos que no cometió. La misma decisión fue tomada a favor de Deyanira Gómez, quien denunció persecución y amenazas de muerte tras su colaboración de la Justicia, por lo que se fue del país junto a sus dos hijos.
Según los expertos, el fallo podría tener un efecto político importante en Colombia, ya que la imagen de Uribe —figura relevante en la derecha del país— se ha visto debilitada, lo que podría impactar en las próximas elecciones.
Antes de conocerse el fallo de hoy lunes 28 de julio del 2025 , Granados había asegurado que su defendido, independientemente del dictamen, no irá a la cárcel porque alega que no existen pruebas ni testigos que sustenten las denuncias en su contra. Además, si no se emite una sentencia en segunda instancia antes de octubre del 2025, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.
En esta extensa jornada, el exmandatario de 73 años de edad y su abogado titular Jaime Granados siguieron la audiencia de manera virtual, mientras que su defensor suplente, Jaime Lombana, y el senador Cepeda, quien funge como víctima, estuvieron presentes en el complejo judicial Paloquemao, en Bogotá.
Mientras se exponía la decisión judicial en las adyacencias de Paloquemao se registraron algunas manifestaciones en contra del fundador del derechista Centro Democrática.
