El informe de la comisión investigadora, que ya fue remitido a la Justicia, sostiene que casi el 80 % de los inversores perdió dinero y que un grupo reducido obtuvo ganancias millonarias, reportó el medio argentino Ámbito.
Una comisión legislativa argentina concluyó que el presidente de ese país, Javier Milei y parte de su entorno habrían facilitado la estafa del criptoactivo $LIBRA, al promoverlo sin controles y con movimientos financieros que, según los diputados, ratifican la hipótesis de un mes a lucrar con la imagen presidencial.
El informe de la comisión investigadora, que ya fue remitido a la Justicia, sostiene que casi el 80 % de los inversores perdió dinero y que un grupo reducido obtuvo ganancias millonarias, reportó el medio argentino Ámbito.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, afirmó que el análisis técnico de las cadenas de bloques (‘blockchain’) permitió detectar transferencias que coinciden con fechas y montos señalados en las investigaciones, reforzando la hipótesis de un acuerdo de cooperación para monetizar la figura de Milei.
Los legisladores apuntan que el mandatario violó la Ley de Ética Pública y generó un “daño reputacional para la Argentina”, al utilizar supuestamente su investidura para impulsar la compra del ‘token’, cuya promoción —dicen— no fue un hecho aislado: recuerdan casos similares en 2024 con Kip Protocol y en 2022 con CoinX.
El reporte asevera que hubo una “decisión deliberada” para evadir controles institucionales, y cita la explicación del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien reconoció que el Gobierno no evaluó el contenido del mensaje presidencial en la red social X que impulsó la compra masiva de $LIBRA.
Según la comisión, un número reducido de operadores adquirió el activo antes de la difusión oficial y salió cuando creció el volumen de compradores. El resultado fue contundente: el 79,93 % de los usuarios perdió su inversión, mientras que 36 personas ganaron más de un millón de dólares y otras 210 superaron los 100.000.
La investigación también apunta a presuntos pagos y transferencias vinculadas al operador financiero Mauricio Novelli, indicado como autor del acuerdo y nexo entre Milei y el desarrollador del ‘token’, el estadounidense Hayden Davis.
“$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional”, advirtieron los 14 diputados opositores firmantes del documento, encabezados por el presidente de la comisión Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”, insistieron.
Además de señalar las responsabilidades políticas del Presidente y de su hermana, los opositores resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que fueron citados y se negaron a colaborar con la investigación; apuntaron concretamente contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo.
Asimismo, cargaron contra quienes llevan adelante la investigación en la Justicia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano “que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales”. También los denunciarán penalmente.
El informe final, de 205 páginas, se presentó luego de tres meses de labor de la comisión investigadora, que se abocó a analizar las posibles irregularidades y responsabilidades políticas relacionadas con la promoción y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero del 2025.
En esta operación participaron el presidente Milei –quien posteó el contrato para adquirir la criptomoneda en la red social X–; los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el creador del proyecto, el empresario norteamericano Hayden Davis. Karina Milei habría facilitado los encuentros entre el Presidente, los lobistas y los creadores del proyecto. La Secretaría General figura en los registros como quien autorizaba los ingresos de los empresarios cripto.
Los diputados de la comisión no confirmaron que se trató de una estafa, pero sí de un “esquema de fraude planificado”, compatible con una presunta estafa. El documento no precisa el monto de este fraude, pero los diputados estiman que la operatoria habría incluido transacciones por entre 100 y 120 millones de dólares.
“Creemos que hubo ardid y engaño con una típica figura, que es la de rug pull, un patrón de estafa muy común en el mundo de las criptomonedas donde hay una alta concentración inicial de ofertas; posteo de una persona pública que hace conocida la existencia de la criptomoneda; la entrada de compradores y luego un retiro de fondos por parte de quienes fondearon la cripto.
Automáticamente su valor se desploma y los compradores se quedan sin nada. Este modus operandi ha sido comprobado en esta investigación”, explicó el diputado Oscar Agost Carreño
