Los hechos ocurrieron en la cárcel federal de Ezeiza, ubicada en la provincia de Buenos Aires, en donde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya había comprobado que la comida no era apta para consumo humano
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina quedó envuelto en un escándalo luego de que la justicia investigara una cárcel en la que servían comida en mal estado a más de 2.000 internos, una irregularidad en la que estaría involucrada una red de corrupción que obtendría ganancias anuales de 32.000 millones de pesos (22 millones de dólares).
La Agencia de Noticias Digital reportó que el descuido alimentario era tal, que la comida podía tener mechones de pelos, clavos, cucarachas y productos en evidente mal estado, con olor a descomposición. De manera excepcional les ofrecían a los presos platos con pollo o carne, pero en porciones mínimas que no superaban los 60 gramos y que, en realidad, eran más bien restos, no bifes ni cortes sustanciosos.
Comida en mal estado repartida en cárcel argentina
Los hechos ocurrieron en la cárcel federal de Ezeiza, ubicada en la provincia de Buenos Aires, en donde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya había comprobado que la comida no era apta para consumo humano porque tenía bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus debido a la falta de higiene en su preparación.
El diario argentino Página 12 reveló que, como parte de la investigación, el juez Federico Villena, quien está a cargo de la causa, probó algunos de los platos, pero se intoxicó de inmediato y tuvo diarrea y vómitos.
También explicó que la principal hipótesis del caso es que el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, habría cartelizado el servicio de alimentación para otorgarle contratos a empresas ‘fantasma’ con distintos nombres que, en realidad, eran una sola.
El año pasado (2024), el juez advirtió el mal estado de la comida que servía la firma Foodrush y prohibió que volviera a ser contratada. Su lugar fue ocupado por otra empresa llamada Bio Limp, pero más tarde se descubrió que tenía a los mismos empleados, que usaba los mismos vehículos y hasta la misma dirección.
La sospecha del juez federal Federico Villena es que Martinez –designado al frente del SPF por la exministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich en marzo de 2024– promovió la “cartelización” del servicio de alimentación en ese penal a través de distintas empresas pantalla. La última de ellas es Bio Limp SA, a la que –curiosamente– Martínez logró renovarle el mismo día del allanamiento, horas antes de que le requisaran sus oficinas
Según consta en la causa, Bio Limp comparte vehículos, mobiliario y empleados con la firma Foodrush, la antecesora en el negocio, que ya había protagonizado un escándalo años atrás por comida en descomposición.
