Los agentes habrían utilizado el documento, a sabiendas de que su titular lo había perdido, para ocultar que eran ellos quienes habían adquirido elementos cuestionados
Un juzgado de Madrid, España, instruye un caso contra seis guardias civiles españoles por utilizar métodos ilegales en una investigación de narcotráfico.
Entre esos métodos se encuentra la utilización de un Documento Nacional de Identidad (DNI) de un hombre, que lo había extraviado, para comprar balizas de seguimiento que después serían utilizadas de manera irregular.
Guardia Civil de España, foto ilustrativa, iStock
Los agentes habrían utilizado el documento, a sabiendas de que su titular lo había perdido, para ocultar que eran ellos quienes habían adquirido los elementos cuestionados, según informa ElDiario.es.
Denunciados por un investigado por narcotráfico
Los seis guardias civiles españoles pertenecían al Equipo de Delitos Económicos, donde siguen destinados cinco de ellos. Se les investiga por las presuntas irregularidades cometidas en una investigación por narcotráfico a la organización en la que habría estado integrado Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, que fue asesinado en junio del año 2024.
Uno de los investigados por tráfico de drogas encontró dos balizas en dos de sus vehículos, hecho que denunció y dio inicio a la causa que se sigue contra los uniformados.
Guardia Civil de España, foto ilustrativa, iStock
Las pesquisas encontraron que los dispositivos habían sido adquiridos en dos locutorios de un municipio de la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo, por un individuo de 55 años de edad que no tenía antecedentes.
Posteriores investigaciones comprobaron que el hombre había perdido su documento antes de la compra de las balizas, mientras que el posicionamiento de los móviles de los agentes les ubicaba el día, hora y lugar de la compra de los aparatos.
Los seis guardias civiles pertenecían al Equipo de Delitos Económicos –cinco siguen en él destinados– que se encargó del caso conocido como 8M, la causa abierta en un juzgado de Madrid, a instancias de un abogado ultra, y que responsabilizó indiciariamente al Gobierno central de la expansión del Covid por permitir la marcha feminista de 2020. Pese a las falsedades, bulos y tergiversaciones que incluían los atestados redactados por los guardias civiles, su imputación no responde a aquellos hechos sino a las irregularidades cometidas en una investigación por narcotráfico a la organización que presuntamente integraba Borja Villacís antes de ser asesinado.
Guardia Civil de España, foto ilustrativa, iStock
La jueza Gutiérrez del Olmo aún no ha establecido fecha para la declaración del ciudadano que extravió su DNI pero sí ha vuelto a señalar un día para que declaren los agentes, el 10 de febrero del 2025.
En un primer momento, estaba previsto que declararan el pasado 25 de noviembre del 2024, pero cinco de ellos alegaron que habían solicitado ser defendidos por la Abogacía del Estado y que estaban aguardando una respuesta.
Fuentes del caso informan de que el organismo dependiente del Ministerio de Justicia ha rechazado representar a los agentes a instancias de la propia Guardia Civil española
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