El hombre, que es uno de los uno de los 45 agentes de la Unidad de Intervención Policial procesados por la actuación para frenar el 1-O, pide que la manifestante sea identificada, para lo que aporta una imagen y el enlace a un video publicado en Youtube
Un agente de la Policía Nacional de España presentó ayer lunes 11 de septiembre del 2023 una denuncia por un beso en la boca que una mujer le dio sin su consentimiento durante el dispositivo contra el referéndum ilegal de independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre (1-O) de 2017 en Barcelona, informa Europa Press.
“Una persona desconocida de manera sorpresiva, inopinada, repentina y no consentida me da un beso en la boca, constitutivo de un delito contra la libertad sexual del artículo 181 y siguientes del Código Penal”, reza el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad condal.
Asimismo, indica que fue una señora de unos 60 años que se le aproximó, lo insultó y, al darse cuenta de que había una cámara cerca de ellos y de que tenía levantada la visera de protección del casco antidisturbios, lo agarró con ambas manos del cuello y del casco, lo inmovilizó “sorpresivamente“, acercó su cabeza y lo besó.
“No puedo zafarme ni impedir que doble mi espalda, todo ello al intentar evitar tener una respuesta brusca al abuso que pudiera desencadenar una situación de riesgo aún mayor para la integridad de los actuantes de la que ya estábamos soportando”, continúa.
“Ánimo libidinoso”
En este sentido, señala que su reacción, “además de asco” por el “ánimo libidinoso” de la sexagenaria, fue de contención ante la “extrema violencia” que había en cada edificio donde se desarrollaba la votación popular por temor a que aumentara la tensión.
El hombre, que es uno de los uno de los 45 agentes de la Unidad de Intervención Policial procesados por la actuación para frenar el 1-O, pide que la manifestante sea identificada, para lo que aporta una imagen y el enlace a un vídeo publicado en Youtube donde se ve el momento exacto de la presunta agresión, así como que se le imponga una orden de alejamiento de mil metros y la prohibición de comunicarse con él como medidas cautelares para proteger a la víctima.
Desde el Sindicato Unificado de Policía, que respalda jurídicamente dicha denuncia, instan a los poderes públicos a que pongan a disposición del policía afectado todas las herramientas y garantías del Estado de derecho. “Nosotros recibimos pedradas, vejaciones, agresiones físicas y hasta agresiones sexuales como [en] este caso”, aseveran.