El juez federal estadounidense que lleva el caso contra el exgeneral venezolano Cliver Alcalá pospuso para el próximo 4 de abril del 2024 la fecha en que dictará la sentencia contra el exmilitar venezolano tras recibir nuevos argumentos de la fiscalía con detalles de la presunta participación del exmilitar en las operaciones de narcotráfico, incluyendo que recibía pagos de 150,000 dólares por cada envío.
Alcalá, quién fuera un cercano colaborador del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y que después conspiró para derrocar al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró culpable en junio del 2023 de haber brindado asistencia a la guerrilla colombiana, negando al mismo tiempo que estuviera involucrado con el narcotráfico.
Aún cuando el acuerdo contemplaba un trato favorable de la parte acusadora, la fiscalía actualmente insiste en una condena de 30 años para el exmilitar y ha estado suministrando a la corte testimonios asegurando que Alcalá tenía sus manos metidas en el negocio de la droga.
En un documento presentado a la corte la semana pasada, la fiscalía resalta las declaraciones de tres testigos clave contra Alcalá, incluyendo el de Roberto López Perdigón, un narcotraficante convicto en Estados Unidos que formaba parte de la red del capo venezolano Walid Makled.
López Perdigón “testificó sobre el apoyo crítico que el acusado brindó a la organización narcotraficante dirigida por Walid Makled en el transporte de cocaína suministrada por las FARC a través del aeropuerto internacional de Valencia, Venezuela,” resaltó la fiscalía en el documento.
“Makled le pagó al acusado 150,000 dólares por cada avión cargado con narcóticos que salía del aeropuerto de Valencia y, a cambio de ello, el acusado se aseguró de que los integrantes del batallón militar acuartelado en el aeropuerto abandonara sus puestos para que cada avión pudiera aterrizar, cargarse con narcóticos y partiera, sin ser detectados y sin interferencia de los militares”, agregó.
De la misma manera, López Perdigón dijo que Makled le presentó a Alcalá en el 2007 tras conocer que el militar venezolano recibía pagos regulares para proteger los cargamentos de cocaína suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
La red de Makled era en esa época la más grande en Venezuela y operaba en alianza con varios otros narcotraficantes y funcionarios gubernamentales, dijo López Perdigón.
Otro de los testigos cuyo testimonio está siendo enfatizado por la fiscalía es el del exsargento venezolano Jorge Abasta León, quien en una ocasión intentó arrestar a Alcalá.
Abasta se encontraba revisando una finca perteneciente a Makled en el estado de Yaracuy cuando se encontró con Alcalá vestido con su uniforme de general al lado de siete camiones militares cargados con droga.
“Después de que Abasta y su equipo encontraran la cocaína dentro de los camiones, intentaron arrestar al acusado (Alcalá), quien amenazó a Abasta con que ‘rodarían cabezas’.
El acusado hizo varias llamadas telefónicas y, en cuestión de minutos, decenas de miembros armados del ejército venezolano llegaron para arrestar a Abasta y a su equipo,” señala el documento.
Mientras los camiones cargados de cocaína permanecían en la finca, el acusado continuó amenazando a Abasta con que “los oficiales y sus familiares iban a pagar por esto.”
Abasta y su equipo policial estuvieron retenidos bajo vigilancia armada durante 10 días en un cuartel policial, donde Abasta temía que sería objeto de una desaparición forzada por parte de la división de inteligencia militar de Venezuela, resalta el documento de la fiscalía.
El tercer testigo nombrado en el documento es Antonio Arvelaiz, identificado como la mano derecha de Carlos Orense Azocar, quien fue declarado culpable en Nueva York en el 2023 por cargos de narcotráfico.
Arvelaiz testificó que Orense pagó sobornos a Alcalá para proteger los envíos.
El acusado “ayudó a mi tío en varios lugares y nos ayudó con respecto a la logística”, dijo Arvelaiz en el documento de la fiscalía.
En uno de los eventos citados por Arvelaíz, dijo que Alcalá suministró hombres armados para garantizar que un avión transportando una tonelada de cocaína perteneciente a Orense pudiera despegar sin problemas desde una pista ubicada en una finca en el estado de Apure con destino a Guatemala.
Alcalá se entregó en Colombia y fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas antes del lanzamiento de una incursión armada contra el régimen de Maduro en mayo del 2020 que fue organizada inicialmente por él y que fracasó espectacularmente.
Denominada la operación Gedeón, la incursión militar condujo a la detención de los exsoldados estadounidenses Luke Denman y Aidan Berry y dejó un saldo de seis muertos y decenas de militares venezolanos arrestados.
Denman y Berry habían sido contratados por la firma de seguridad radicada en la Florida Silvercorp USA, perteneciente al exboina verde Jordan Goudreau, quien firmó contratos con el equipo del exlíder opositor venezolano, Juan Guaidó para brindar servicios de entrenamiento a los militares insurgentes y para brindar servicios de seguridad dentro de Venezuela una vez que Maduro fuese derrocado.
Alcalá, quien había reconocido antes de entregarse a la justicia estadounidense que estaba trabajando con soldados disidentes venezolanos en la liberación de Venezuela, dijo al inicio de su juicio que altos funcionarios de la CIA y otras agencias federales estadounidenses también estuvieron al tanto de sus esfuerzos para derrocar a Nicolás Maduro
“Los esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro han sido bien conocidos por el gobierno de Estados Unidos”, dijeron los abogados de Alcalá en una carta de noviembre de 2021 a los fiscales que acompañó su moción para que se desestimaran los cargos.
“Su oposición al régimen y sus planes para derrocarlo fueron reportados a los niveles más altos de la Agencia Central de Inteligencia, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro”.
