La Guardia Civil de España evita el matrimonio de una niña de 12 años que había sido vendida en ese país por 3 mil euros por su propia madre y su padrastro

La operación fue realizada en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real, anunció el Ministerio del Interior el lunes 26 de febrero del 2024.

Una investigación de la Guardia Civil de España terminó con la detención de la madre de una niña de 12 años y su pareja por vender a la menor para casarla a cambio de 3.000 euros (unos 3.256 dólares).

La operación fue realizada en la localidad de Malagón, provincia de Ciudad Real, anunció el Ministerio del Interior el lunes 26 de febrero del 2024.

El procedimiento comenzó a finales de enero del 2024, cuando las autoridades fueron alertadas sobre menores que estaban en una supuesta situación de desamparo. Al entrevistarlos, uno de ellos contó que su madre ejercía violencia física de manera habitual sobre él, por lo que no quería regresar al domicilio.

Tras conocer su versión, el siguiente paso fue investigar su círculo social, y en el colegio advirtieron que ni él ni su hermana asistían, y que la madre y el padrastro de la niña habían solicitado la baja porque adujeron que se había mudado fuera del distrito. Entonces, realizaron averiguaciones entre las personas cercanas a la menor y descubrieron que tenían planeado casarla a cambio de 3.000 euros.

Por lo tanto, la Guardia Civil detuvo a la pareja y constató que el hombre llevaba en un bolsillo de su pantalón 3.800 euros (cerca de 4.124 dólares). Al intentar explicar el origen de ese dinero, dijo que lo había obtenido durante la campaña de recogida de aceitunas, pero los agentes verificaron que no era cierto.

Respecto del paradero de la niña a la que habrían querido casar, los investigadores comprobaron que estaba en una vivienda de la localidad de Baza, en Granada, por lo que organizaron un operativo en esa zona y lograron recuperarla.

Desde ese momento, se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía.

Cuando el operativo se hizo público, el Gobierno de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde se encuentra Ciudad Real, manifestó su repudio a lo sucedido y aseguró que esas prácticas “no tienen cabida” en una sociedad moderna y democrática. Además, afirmó que se trata de un caso de “violencia machista y violencia de género”.